Presentación
La desigualdad de oportunidades, de trato y de resultados es un problema serio en nuestro país y exige el esfuerzo articulado del Gobierno de la República. La distancia en el goce de derechos y bienes públicos entre los grupos sociales más desaventajados históricamente y el resto de la sociedad es muy amplia. Los pueblos indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes son más excluidos y discriminados según su identidad sexo-genérica, edad, ubicación territorial y nivel socioeconómico, por lo que es urgente e indispensable cerrar esas brechas de desigualdad para la construcción de una sociedad de derechos, tal como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas que contrarresten de manera efectiva la desigualdad de trato y fortalezcan la igualdad en las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, como medidas necesarias para la cohesión social y la paz. El Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 (Pronaind) está orientado precisamente a que el Gobierno mexicano establezca políticas y acciones públicas que progresivamente cierren las brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de sus derechos. Este tipo de acciones requieren de la conjunción de distintas perspectivas, procesos y metodologías que abonen a la hechura de políticas públicas antidicriminatorias desde la perspectiva de derechos que emana del artículo 1º de la Constitución y de los avances normativos a nivel nacional e internacional en la materia.
Para apoyar el cumplimiento del Pronaind, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Cátedra Unesco “Igualdad y no discriminación” de la Universidad de Guadalajara, convocaron al Curso Internacional de Alta Formación “Políticas públicas antidiscriminatorias”, que se realizó los días 15 y 16 de junio pasados.
